Este proyecto, en partenariado con la Fundación FABRE, tiene como objetivo impulsar una ciudadanía global desde un enfoque Sur global en Escuelas Familiares Agrarias (EFAs) ubicadas en áreas rurales de Galicia, Aragón y la Comunidad Valenciana, enfocándose en el conocimiento y reflexión crítica sobre los problemas mundiales. Se busca fomentar la participación de los estudiantes desde un enfoque transformador que los vincule con los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) y los Derechos Humanos (DH), involucrándolos en acciones concretas de cambio dentro de sus comunidades.
El proyecto está dirigido al alumnado y profesorado de ESO y FP de las EFAs, promoviendo un proceso de conocimiento, reflexión y compromiso hacia la construcción de una ciudadanía global. A través de acciones de servicio comunitario (ApS), los participantes generarán un cambio real en su entorno, en línea con los Derechos Humanos y la Agenda 2030. Esta intervención, con una duración de dos años, dará continuidad a los proyectos anteriores realizados en seis comunidades autónomas y se llevará a cabo en las EFAs de Arzúa (Galicia), Zuera (Aragón) y Llombay (Comunidad Valenciana).
Escuelas rurales comprometidas con la construcción de una ciudadanía global fomentará la solidaridad, la participación y el compromiso ciudadano frente a problemas globales como la pobreza, la desigualdad y la injusticia social. Junto a ello, se abordarán las realidades de países del Sur Global como Palestina, Etiopía, Guatemala y Bolivia para crear conciencia en los jóvenes participantes sobre los desafíos a los que se enfrentan.
De esta forma, se esperan los siguientes resultados:
- Capacitar a 105 profesores y profesoras para integrar la Educación en Ciudadanía Global y los ODS en su labor educativa.
- Impulsar el compromiso y la participación de 669 jóvenes, de los cuales 390 participarán en actividades de sensibilización y reflexión.
- Visibilizar el cambio a través de la participación activa de los jóvenes en su comunidad mediante proyectos de ApS que promuevan la justicia social.
Los beneficiarios indirectos incluyen a 1.534 personas de las comunidades rurales vinculadas a las EFAs.