En Bolivia, se estima que un 15 % de la población carece de cualquier documento de identidad. Además otro 20 % tienen algún tipo de error en sus documentos de identidad que le impiden acceder a sus derechos ciudadanos, como la atención sanitaria, el cobro de pensiones o el ejercicio al voto en las elecciones. Como suele pasar con estas situaciones, el problema se ceba en el sector más empobrecido de la población. Al no tener una identidad registrada, no solo se les priva de su derecho a la identidad, sino del resto de servicios públicos que ofrece el estado (salud, educación, etc…) En caso de conseguir algún trabajo, no se les podrá hacer contrato laboral y quedarán expuestos a los posibles abusos de los empleadores.

Si bien la inscripción en el Registro Civil es gratuita hasta los 12 años de edad, el trámite puede llegar a dificultarse tanto como para desanimar a cualquiera. Además, el hecho de que los padres carezcan de documentos de identidad imposibilita la inscripción del hijo, con lo cual la situación de marginalidad llega a “heredarse” de generación en generación.

La Fundación Promoción Social de la Cultura, en coordinación con la ONG boliviana APEP y gracias al financiamiento de la Generalitat Valenciana, lleva a cabo un programa de derechos de infancia en la región zafrera del departamento de Santa Cruz.

Una de sus principales metas es facilitar el acceso a la identidad a la población, especialmente a los miles de zafreros que cada año llegan a realizar el corte de caña. Hasta el momento, más de 1.000 personas han conseguido beneficiarse de esta oportunidad que ofrece el programa.

Hablamos de personas de carne y hueso que han nacido a una existencia legal, niños y niñas que serán incorporados a la escuela, ancianos y ancianas que cobrarán su seguro de vejez, mujeres que disfrutarán de atención médica gratuita durante su embarazo… en definitiva seres humanos que han dejado de pertenecer a la población “fantasma” que aún lucha por ser reconocida por la sociedad.