El Parlamento libanés ha promulgado el Decreto 7194, relativo a la aplicación de la Ley 220 de 29 de mayo de 2000, que requiere que todos los espacios públicos y edificios privados se ajusten a las normas de accesibilidad para personas con discapacidad. Este decreto parlamentario llega después del esfuerzo, durante un periodo largo de tiempo, por parte de las ONG libanesas para mejorar la integración de las personas con discapacidad en la sociedad, y se ha hecho posible gracias al apoyo financiero de instituciones extranjeras como la Fundación Promoción Social de la Cultura y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

De esta forma, se obliga a todos los edificios de uso público y edificios de grandes superficies a cumplir con las normas de accesibilidad, permitiendo de esa manera a los discapacitados físicos acceder, usar, aprovechar y vivir en estas instalaciones.

 

El socio de la FPSC en Líbano, Arcenciel (AeC), ha jugado un papel importante en el éxito de esta iniciativa y ahora está trabajando, junto con la FPSC, en la adaptación de varios espacios públicos, no sólo en Líbano, sino también en países vecinos como Siria, Jordania y Egipto. De hecho, la FPSC y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) han estado apoyando directamente la lucha de AeC para el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad durante 20 años. En la actualidad, este apoyo continúa a través del Convenio “Mejora de la atención a discapacitados en Oriente Medio”, destinado a garantizar la accesibilidad para personas con discapacidad y facilitar su integración social. Además, AeC persigue con esta intervención exportar su experiencia y el éxito de su estrategia a instituciones públicas y privadas de otros países, a saber, Siria, Jordania y Egipto.

 

La publicación del Decreto 7194 constituye un hito en el proceso de integración de personas con discapacidad, pero supone además el punto de partida para una nueva lucha en la que AeC, la FPSC y todos los agentes sociales involucrados promoverán los derechos de personas con discapacidad y la responsabilidad de los órganos rectores a la luz de la flamante reglamentación. Como reza la frase, se ha ganado la batalla, la guerra continúa.

De hecho, Arcenciel trabajó entre 1994 y 2000 en el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad y presionó para la aprobación por el Parlamento en el año 2000 de otra ley memorable, la Ley 220. Con posterioridad, se han creado comités especializados con la participación de los ministerios afectados, así como de AeC y de otras ONG, para discutir y trabajar en los borradores de los decretos necesarios para la Ley 220.

Arcenciel fue miembro del comité que estableció los niveles y normas de accesibilidad en 2003, desempeñando un papel relevante y asegurando la continuidad en la celebración de sus reuniones (mantenidas con el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Administraciones Públicas, los sindicatos de ingenieros y arquitectos y otros miembros).

Este esfuerzo condujo a la enmienda de la ley de construcción en 2005, que animó a AeC a lanzar una importante campaña a través del Comité Nacional de Personas Discapacitadas, presionando para la promulgación del actual decreto de aplicación de normas recogidas en la Ley 220.